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El PSOE de Burgos pide a la Junta que se sume al titánico esfuerzo del Gobierno y de los ayuntamientos

El PSOE de Burgos pide a la Junta de Castilla y León que se sume al “titánico” esfuerzo que están relizando el Gobierno de la nación y los ayuntamientos de la provincia “para que nadie se quede atrás cuando superemos la emergencia sanitaria por el Covid-19”, como indicó la secretaria general de la formación y diputada nacional, Esther Peña.

En una reunión telemática que mantuvo hoy con los procuradores socialistas por Burgos Luis Tudanca, Virginia Jiménez y Noelia Frutos abordaron el impacto del plan económico y social de 3.000 millones que propone el PSOE de Castilla y León para la Comunidad en esta provincia, con cerca de 29.000 trabajadores afectados por el anuncio de presentación de ERTEs de las empresas en las que están empleados.

Tanto la parlamentaria socialista como los procuradores autonómicos entienden que la Junta debe completar los salarios de los afectados por estos expedientes de regulación temporal de empleo hasta completar al Salario Mínimo Interprofesional. Una medida que ya recoge el plan del PSOE de Castilla y León, además de otras destinadas a revitalizar el empleo, como la renegociación de los préstamos y bonificaciones concedidas por la Administración autonómica y sus organismos a autónomos y pymes.

Además, los socialistas defienden que el Gobierno de la Comunidad ha de alcanzar convenios con entidades financieras para facilitar liquidez a las empresas que lo requieran.
Ese paquete de medidas que han analizado en su reunión de trabajo los representantes del PSOE burgalés contempla actuaciones “de importante calado social” que, según Peña, “tendrían una importante repercusión en la provincia, ya que, entre otros aspectos positivos, el servicio de Ayuda a Domicilio- atiende a cerca de 1.700 personas- recibiría la tercera parte del fondo social extraordinario que pedimos por 17,5 millones, para igualar la cantidad de aportación estatal”.

La secretaria general del PSOE de Burgos y los procuradores por esta provincia valoran, además, los dos millones de euros adicionales que propone la formación a nivel autonómico para luchar contra la violencia de género y los 5 millones destinados a familias con escolares para ordenadores e internet que faciliten la enseñanza online. Asimismo, piden garantizar la alimentación de aquellos menores en situación de vulnerabilidad.

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