La Junta y los agentes económicos y sociales pactan los primeros acuerdos del Diálogo Social de la Legislatura

admin | 27 enero, 2016 | Responder

La Consejería de Empleo fija el objetivo del empleo como el mayor bien social y como la mejor política socioeconómica, así como la respuesta más adecuada frente a los retos demográficos. El empleo ha mostrado signos de mejora en el último año y es necesario consolidar las vías para la recuperación.

El nivel de concertación social de la Comunidad es elevado. De hecho, Castilla y León es pionera al haber incluido el Diálogo Social en el Estatuto de Autonomía como principio rector. En 2001 se puso en marcha esta cultura de Diálogo Social que ha permitido la firma de más de 60 acuerdos entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales.

Hoy se pone en marcha la II Estrategia de Empleo diseñada para su aplicación hasta 2020 y que impulsa una autentica coordinación de las políticas activas de empleo en conjunción con otro pilar estratégico como es el III Acuerdo de Competitividad y la Innovación Empresarial de Castilla y León.

La II Estrategia tiene como objetivo mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección. Por eso es importante destacar los colectivos prioritarios que establece: jóvenes menores de 35 años (preferentemente sin cualificación), mayores de 45 (especialmente los que carezcan de prestaciones y tengan cargas familiares) y parados de larga y muy larga duración.

También se contemplan colectivos especiales que requieren atención diferenciada, como son mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, empleados por cuenta propia, emigrantes retornados y trabajadores en situación de dificultad procedentes de sectores estratégicos.

La II Estrategia es un documento único que se estructura en cuatro planes: Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, e Igualdad y Conciliación en el Empleo. En estos planes participan de manera directa las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.

Plan de Empleo
Las acciones en materia de empleo se articulan a través del fomento del empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia; la mejora de la cualificación; y la intermediación y orientación laboral a trabajadores y empresas para la inserción laboral y el mantenimiento del empleo. También a través de la protección a trabajadores desempleados y a los que provengan de expedientes de regulación de suspensión o extinción.

Hay que destacar que en materia de fomento del empleo se impulsa la incentivación de la contratación indefinida ordinaria y a tiempo completo, y los contratos temporales en supuestos concretos (prácticas, interinidad, relevo, sustitución de horas extras, ampliación de jornada en el sector de ayuda a domicilio y de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía) para empresas de menos de 100 trabajadores, así como el establecimiento por cuenta propia.

Se prevé potenciar el empleo local a través de planes específicos, incidiendo en la calidad del empleo, así como completar con acciones y medidas específicas directamente vinculadas al empleo la planificación de la estrategia en formación profesional. Por otra parte, se impulsa la atención personalizada e individualizada en la labor de intermediación laboral y la mejora en las ayudas económicas a desempleados y trabajadores que procedan de la aplicación de ERES suspensivos y extintivos, así como facilitar su reincorporación al mercado laboral.

Plan de Formación Profesional
El objetivo es tratar de mejorar el ajuste entre las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y la oferta de Formación Profesional, así como la conexión entre los centros de formación y las empresas a través del desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual y de acciones de formación conjuntas. Se impulsará también la puesta en marcha de nuevas ofertas formativas para personas adultas desempleadas y ocupadas, fomentando la formación profesional a distancia y los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o vías no formales de formación.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Establece dos objetivos prioritarios: la siniestralidad cero y conseguir la máxima coordinación en las diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación, y sensibilización. Se crea un grupo estratégico de referentes, especialistas en materia de prevención de riesgos laborales dentro de las unidades de seguridad y salud laboral. También se incluye la gestión del envejecimiento de la mano de obra como nuevo riesgo emergente y se procede a la adecuación de funciones de vigilancia y control al nuevo marco normativo.

Plan de Igualdad y Conciliación
El plan se dirige a la promoción de la igualdad y la conciliación entre mujeres y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, prestando especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de inserción, y favoreciendo la conciliación en los ámbitos laboral, familiar y educativo. Se hace también un esfuerzo de sensibilización en el ámbito educativo y extraescolar a jóvenes, así como de orientación profesional en términos de igualdad. Destacan también las ayudas a empresas para favorecer la aplicación de medidas y acciones de igualdad, primando aquellas que elaboren un Plan de Igualdad.

PLAN ANUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO EN 2016
La II Estrategia 2016-2020 prevé destinar inicialmente 140 millones de euros en el conjunto de políticas activas que se financiarán durante el presente ejercicio con fondos autónomos, fondos finalistas del Estado, de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Juvenil conocido como ‘Garantía Juvenil’.

Sin embargo, el conjunto de políticas de empleo contará en 2016 con 290,1 millones de euros, de los que 258,5 son de la Consejería de Empleo y 31,6 de programas de empleo gestionados por otras consejerías. Se trata de fondos que no pueden ser objeto de negociación al tratarse de transferencias finalistas del Estado, o bien están destinados a sufragar el propio personal y funcionamiento de los servicios de empleo.

Los fondos que puedan incrementar estas cuantías se integrarán en el Plan, previa negociación y acuerdo en el marco de la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social. La dotación destinada a posteriores anualidades del Plan tomará como referencia la cuantía del primer año con variaciones anuales que estarán establecidas por la variación porcentual del gasto no financiero del conjunto de las consejerías.

Los créditos de fondos autónomos destinados al Plan anual reflejan la prioridad que la Junta otorga a la creación y el mantenimiento del empleo.

Plan de Empleo Joven y Plan de Empleo Local en 2016
Dentro del conjunto de medidas puestas en marcha en 2016 se incluye de forma específica un Plan de Empleo Joven que está dotado con 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 21 % respecto a 2015. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con 14,2 millones, previsto para jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, se completarán con fondos autónomos para cubrir la franja hasta los 35 años.

Por otra parte, el Plan anual de Políticas de Empleo para 2016 integra un Plan de Empleo Local con medidas que ascienden a 40 millones de euros, con un crecimiento del 33 % en relación con los 30 millones asignados en 2015. Tiene como objetivo promover un importante número de empleos para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales que contribuyan al desarrollo económico del territorio.

En el Plan de Empleo Local destaca la pretensión de favorecer un empleo de mayor calidad y de apoyar de manera más eficaz a colectivos y sectores específicos. Para ello, de manera general se realizarán contratos a tiempo completo y con una duración mínima de 6 meses y, además, se realizarán convocatorias independientes para distintos colectivos, entre los que destacan: perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (10 millones de euros), trabajadores de los sectores turístico y forestal (10 millones de euros), personas con discapacidad (5 millones de euros) y trabajadores de los municipios mineros de León y Palencia (2,4 millones de euros).

Las acciones y medidas previstas en el Plan anual se concretarán en un documento aprobado por la Comisión Permanente del Diálogo Social, bajo criterios de eficacia en la planificación temporal y en la asignación de recursos. Los resultados se los programas una vez aplicados serán evaluados por este órgano del Diálogo Social.

Otros contenidos del Plan para 2016
El Plan Anual de Políticas de Empleo incorpora otras medidas, como son las que se refieren más directamente al ámbito social. Así, por ejemplo, se mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a la reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros. Como novedad, se incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender dicha ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones.

También se potencia la protección frente a las crisis empresariales con fondos por un total de 12,5 millones de euros con los que complementar la renta de los trabajadores y se colabora con las empresas a través de la minoración de sus costes de Seguridad Social. Como novedad, se plantea la posibilidad de conceder ayudas, vía convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en procesos concursales para facilitar el tránsito hasta la edad de jubilación. También se prevé mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por EREs que, siguiendo en activo en la empresa, hayan agotado sus prestaciones por desempleo (entre ellos el sector de la minería y sus empresas auxiliares).

Igualmente, se da un renovado impulso al objetivo del empleo para las personas con discapacidad, con la subvención de los costes salariales de los Centros Especiales de Empleo y con medidas para mejorar la formación de estos trabajadores.

ACUERDO RELATIVO AL SERLA
Por otra parte, el presidente de la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales han firmado el acuerdo por el que se adquiere el propósito firme de adoptar las medidas necesarias para que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) conozca también los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales. Se ha comprometido un calendario de actuaciones que se ejecutarán durante los años 2016 y 2017.

El pasado 2 de septiembre de 2015 se suscribió el III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos laborales de Castilla y León, en el que se incluían aspectos sobre los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales.

La Comisión permanente del Diálogo Social valoró de forma positiva el acuerdo y trasladó la consideración de que puede permitir una mejora sustancial del sistema de relaciones laborales, contribuyendo al consenso y al diálogo entre los interlocutores económicos y sociales y a la promoción de la paz social en la Comunidad.

Este calendario abarca acciones dirigidas a acordar la firma de un acuerdo entre la administración y los agentes económicos y sociales, la elección de una sede para el inicio de la implantación, la modificación de estatutos, y el acuerdo para que el SERLA pueda conocer los procedimientos de conciliación y mediación de los conflictos individuales.

ACUERDOS EN MATERIA DE VIVIENDA
Por otro lado, la Junta de Castilla y León, continuando con los acuerdos de Diálogo Social suscritos en 2013 y 2015 con los sindicatos de CCOO y UGT y la patronal CECALE, ha alcanzado un nuevo acuerdo para el fomento del alquiler y la rehabilitación edificatoria en Castilla y León, cuyo presupuesto total asciende a 23,4 millones de euros. Con este acuerdo se consolida y desarrolla el programa de ayudas al alquiler, con un marco estable durante la presente legislatura, con especial atención a los colectivos más vulnerables, que son las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM.

En concreto, con este nuevo marco en materia de vivienda se modifican las bases reguladoras de las ayudas al alquiler, dando prioridad a las personas y unidades familiares con menos ingresos, eliminando el umbral de ingresos mínimos y elevando el porcentaje subvencionable de los recibos mensuales, con la posibilidad de complementar más tarde dicho porcentaje con fondos autonómicos.

Así, la Consejería de Fomento y Medio va a publicar de manera inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 11.372.000 euros, que será complementada con 5.000.000 de euros de fondos autonómicos, alcanzando un total de 16.372.000 euros para el año 2016. Del año 2017 en adelante, la Junta se ha comprometido a incluir un mínimo de 5.000.000 de euros anuales complementarios a los fondos del plan de vivienda.

Estas ayudas van dirigidas a las unidades de convivencia, que son el conjunto de personas que habitan en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, que les subvencionan el 40 % de los recibos mensuales de alquiler de su vivienda, hasta un máximo de 1.710 euros mensuales.

A su vez, el Diálogo Social también ha alcanzado un acuerdo sobre las ayudas en materia de rehabilitación edificatoria, por lo que se publicará de forma inmediata una nueva convocatoria por importe de 7.098.888 euros. El objeto de estas ayudas es financiar la ejecución de las obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva situados en Castilla y León. Los beneficiarios son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.

ACUERDO EN MATERIA DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
La Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como trecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía a todas las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con el doble objetivo de garantizar la atención de sus necesidades básicas de subsistencia y de promover su integración social y laboral. Forma parte de la Red de Protección a las Personas y Familias afectadas por la crisis, que se gestó en el año 2013 en el marco del Diálogo Social, marco que ha servido para promover sucesivas flexibilizaciones y mejoras en los últimos años.

En cuanto al acuerdo alcanzado hoy en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, ésta mejora su protección en varios aspectos, entre los que destaca la flexibilización del acceso a las personas a la obtención de esta prestación, especialmente a los perceptores de otras prestaciones derivadas del empleo y a grupos que en este momento no podían acceder. De esta manera, se compatibilizará esta renta hasta la cuantía básica de esta prestación con otras prestaciones de desempleo. Se flexibiliza también el cumplimiento de los requisitos a través de modificaciones en las reglas de cómputo de bienes muebles, inmuebles e ingresos.

Los acuerdos introducen también mejoras en el procedimiento. La más destacada es que se garantiza el derecho subjetivo de esta renta al reconocerse el nacimiento del derecho desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.

Asimismo, se incluyen medidas encaminadas a fomentar la inserción laboral de los beneficiarios de la prestación con medidas de empleo como facilitar la reanudación automática de la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía una vez finalizada la actividad laboral, cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad, junto con otras medidas de estímulo del empleo en el sector público y privado.

Otra de las novedades será la creación de un servicio de información especializado sobre la Renta Garantizada en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, a fin de reforzar el apoyo profesional en la tramitación y el fortalecimiento de medidas de seguimiento.

Por último, se contempla la posibilidad de suscribir acuerdos con el Procurador del Común para mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Llevar a cabo los contenidos de este acuerdo supondrá un esfuerzo presupuestario que podría alcanzar los 14 millones de euros, lo que se costeará a partir de los ahorros derivados de la prioridad establecida para los perceptores de la Renta en los acuerdos del Plan de Empleo Local, por importe de 10 millones de euros en 2016. A todo esto cabe añadir que por primera vez se abre la posibilidad de incentivar contratos temporales para los perceptores de Renta Garantizada.

Este Acuerdo se hará efectivo a través de la aprobación de un Decreto-Ley, previo a su posterior tramitación ante las Cortes como proyecto de ley.

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